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¡No a la Impunidad en Perú!
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a diez años del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, hace un llamado a mantener firme la demanda de justicia. Esto, en vísperas de que la Corte Suprema falle en torno a la nulidad de la sentencia que absolvió al ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, sindicado como autor intelectual del crimen.
Rivera Fernández, quien denunciaba a través de su programa radial la relación de Valdez Villacorta con el tráfico de madera, narcotráfico y supuestas irregularidades en la gestión de la municipalidad de Coronel Portillo, fue víctima en Pucallpa, el 21 de abril del 2004. Ha pasado una década de dolor e impunidad. Los autores materiales del crimen -sicarios a sueldo- han sido apresados. Sin embargo, el móvil del crimen y la responsabilidad de los autores intelectuales no han sido aún determinados a pesar de las pruebas presentadas ante los tribunales por la fiscalía y la defensa del periodista.
El caso Alberto Rivera, para todos los periodistas peruanos, testimonia el grado de impunidad que signa los crímenes contra periodistas en el país. En los últimos 30 años se han asesinado a 59 periodistas en Perú y todos los casos están marcados por la impunidad parcial. Se logra identificar a los sicarios pero no se determina responsabilidad de los reales instigadores de los homicidios.
La ANP de manera continua ha denunciado una serie de irregularidades producidas durante el proceso estos diez años. Postergación de audiencias, suspensión del proceso, no admisibilidad de pruebas, incidentes y vicios procesales.
La defensa del periodista ha demostrado que desde el mes de enero de 2004 se dio inicio a un plan criminal destinado a eliminar al incómodo periodista. Este plan contenía las denuncias contra Rivera por hechos que no había cometido, las sistemáticas y persistentes amenazas de muerte contra su persona, pero como nada de eso lo silenció, se le asesinó. También se ha demostrado que la única persona que tenía un "legítimo y justificado interés" para ordenar la muerte del periodista era Luis Valdez Villacorta.
Probado ello, la ANP recuerda que según prescribe la Declaración de Principios de la Organización de Estados Americanos, de la que el Perú es signataria, es deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
El caso Alberto Rivera está ahora en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que preside César San Martín Castro. La ANP reitera su compromiso de mantenerse vigilante ante el fallo e invoca a los magistrados a garantizar que, así como los autores materiales cumplen prisión por sus actos, también respondan ante la justicia los autores intelectuales del asesinato del periodista.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ANP