Uno de los principales consensos en relación a la crítica de esta ley es el artículo 72 del texto, que fue finalmente derogado por el Presidente Lacalle Pou, y que generaba una intromisión en los contenidos trabajados por los medios de comunicación, al señalar: “los servicios de difusión regulados por la presente ley, tienen el deber de brindar a los ciudadanos, información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones, de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

No obstante la derogación de ese artículo, la nueva normativa consagra aún más la concentración de medios en las grandes empresas nacionales al tiempo que posibilita que capitales extranjeros adquieran licencias de televisión y radio. Esta concentración implica desandar la normativa de defensa de la libertad de expresión consagrados en estándares iberoamericanos, y profundiza la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación.

En relación a este proyecto, Álvaro Pan Cruz, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y miembro de la comisión directiva de la Asociación de la Prensa Uruguaya, indicó: “Esta ley ha sido considerada en forma urgente en el último año de gobierno por parte de la coalición gobernante, en plena campaña electoral y para favorecer, de alguna manera, a determinados medios de prensa y grupos empresariales”.

“De esta manera se allana el camino para la definitiva extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y se elimina la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias”, detalló.

En el mismo sentido, Nancy Leite, presidenta de APU, expresó: “Rechazamos total y enfáticamente esta ley por considerarla regresiva y es violatoria a los principios constitucionales, como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Llama la atención el tratamiento que se le dio a esta ley en cuanto al carácter de urgente consideración y que se haya terminado votando en la madrugada del jueves. Además, contiene artículos que son claramente inconstitucionales. Y esta observación fue realizada y comunicada a los parlamentarios por los propios departamentos jurídicos del Parlamento. Entonces resulta más sorprendente todavía que se haya votado con estas observaciones”.

La Federación Internacional de Periodistas acompaña a la Asociación de la Prensa Uruguaya en la defensa de la libertad de expresión y de prensa, alerta sobre el peligro que representa la concentración y extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y reitera a las autoridades que las legislaciones relativas al periodismo no deben orientarse a limitar ni condicionar su ejercicio sino a garantizar efectivamente su libre ejercicio y los derechos de lxs trabajadorxs de prensa.