El periodista Máximo Hernández recibió la última semana en su domicilio del departamento de Magdalena, en Colombia, una visita de dos personas que refirieron ser parte de organizaciones criminales y le exigieron que deje de informar sobre temas de la localidad de Ciénaga, donde Hernández desarrolla su labor, vinculado a medios locales y a portales propios. Posteriormente, recibió una nota con amenazas de muerte y un ultimátum de 24 horas para abandonar la ciudad.

Esa misma semana, la periodista Julieth Cano, trabajadora de Noticias Caracol y oriunda del municipio de Cúcuta, reveló en una entrevista que recibe numerosas amenazas directamente en su teléfono, tanto mediante llamados como por mensajes, que algunas organizaciones que promueven la libertad de prensa atribuyen al grupo criminal AK47. Además, y al igual que en otros casos similares, las amenazas se extendieron a su hija.

Por su parte, la propia Alcaldía de Medellín informó que, en lo que va del año 2024, registraron a nivel local 18 denuncias por amenazas a líderes sociales y periodistas, que han sido incluidos en un programa municipal de atención y cuidado para quienes sufren este tipo de situaciones.

Pero más allá del nivel del Estado municipal, la generalización de las amenazas y hostigamientos sufridas por lxs trabajadorxs de prensa en todo el territorio de Colombia pone de manifiesto la necesidad acciones concretas por parte de las máximas autoridades del país para la protección de lxs colegas.

La Federación Internacional de Periodistas rechaza categóricamente las amenazas, hostigamientos y todo tipo de coerciones sobre lxs trabajadorxs de prensa por parte de grupos delictivos e insta a las autoridades de todos los niveles del Estado a cumplir con su responsabilidad de garantizar la libertad de prensa, la vida y la integridad física de lxs colegas, sin la cual es imposible que se cumpla el derecho al libre ejercicio de su profesión.