Según indicaron medios locales, las amenazas más recientes se dieron el 27 de julio, pero tuvieron episodios similares los días 10 y 24 del mismo mes, y se produjeron luego de una cobertura sobre organizaciones criminales que operan en el Cauca.

En su sitio web, Proclama señaló que estos episodios "no solo ponen en riesgo la seguridad personal de los periodistas, sino también la viabilidad operativa del medio. El temor constante afecta la capacidad de planificación y ejecución de actividades, limitando la cobertura informativa y reduciendo la calidad del contenido producido".

También destacó que "no son casos aislados. Los grupos armados ejercen un control violento sobre el territorio, silenciando voces críticas y manipulando la información a su favor. Esta situación no solo viola los derechos de los periodistas, sino que también priva a las comunidades de acceder a información crucial para su vida diaria y su toma de decisiones".

Entre las expresiones de solidaridad con lxs colegas, se recibieron comunicados de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia, del Gobernador del Cauca, y de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), afiliada a FIP.

"El periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo con muchas amenazas para el ejercicio, por eso hacemos un nuevo llamado al Gobierno Nacional y a los organismos de seguridad del Estado, a que hagan todos los esfuerzos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad para el trabajo de los y las periodistas", indicó Jorge Velásquez Crespo, presidente de FECOLPER.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se suma a lo expresado por FECOLPER y condena categóricamente las amenazas, que afectan la libertad de prensa, el derecho al trabajo de lxs colegas y el derecho a la información de la comunidad.