Los tribunales británicos, que llevan estudiando una solicitud para deportar a Assange desde febrero de 2020, habían pedido garantías a Estados Unidos de que, en caso de que Assange fuera juzgado, estaría protegido por la Primera Enmienda al igual que un ciudadano estadounidense. Esta enmienda es la que salvaguarda la libertad de expresión y la libertad de prensa.

La respuesta del otro lado del Atlántico fue que Assange podría "solicitar" la garantía constitucional de libertad de expresión, pero que su aplicación quedaría sujeta a discreción del tribunal. Los jueces británicos decidieron que esto era insuficiente y que  esta situación creaba el riesgo de que Assange sufriera perjuicios por ser australiano.

La presidenta de FIP, Dominique Pradalié, que asistió a la audiencia, declaró: "La amenaza a la libertad de expresión que supone este intento de procesamiento debería preocuparnos a todos. También debería preocuparnos la salud de Julian Assange. Debería ser liberado de inmediato".

Tras la vista, la esposa de Assange, Stella, declaró: "Esta sentencia debería ser un punto de inflexión y una señal para Estados Unidos. Añade peso a la opinión entregada recientemente al presidente Biden por 40 profesores de Derecho de que todo este intento de procesamiento es una amenaza existencial para la Primera Enmienda. Espero que lo reconozca y abandone el caso".

También habló con Assange tras la sentencia y le dijo que ahora podría hacer ejercicio al sol disfrutando de su "primera buena noticia en mucho tiempo".

Desde Estados Unidos se han hecho varias insinuaciones de que podrían abandonarse las acusaciones. El Presidente Biden declaró ante medios de comunicación que estaba considerando esta posibilidad. Además, el embajador de EE.UU. en Australia había dicho anteriormente que se estaba estudiando la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Assange está luchando contra la extradición a Estados Unidos, donde se lo acusa de 18 cargos derivados de la filtración y publicación de los diarios de guerra de Afganistán e Irak en 2010. La mayoría de los cargos se presentan en virtud de la Ley de Espionaje. La Federación Internacional de Periodistas, que ha seguido de cerca las audiencias desde el principio y lleva mucho tiempo advirtiendo de que el éxito de la acusación criminalizaría actos periodísticos tan normales como buscar una fuente que informe sobre delitos, ayudar a una fuente a recopilar pruebas y publicar los resultados.