Las sofisticadas herramientas de vigilancia ponen en peligro esta capacidad, ya sea voluntaria o involuntariamente.

La tecnología digital ofrece múltiples posibilidades para que los estados y otros violen las relaciones de confianza entre periodistas y sus fuentes. Esta tecnología permite acceder a los registros telefónicos o vigilar las comunicaciones electrónicas. Se puede copiar información histórica almacenada en plataformas digitales mientras que la tecnología de reconocimiento facial puede utilizarse para relacionar a individuos en la compañía de otros. La inteligencia artificial puede también usarse para reconocer patrones de contacto social.

Los derechos de los/as denunciantes deben estar recogidos en la ley. La legislación nacional e internacional debe ofrecer a los periodistas los medios para garantizar la discreción y privacidad en su trabajo. Cuando un organismo estatal pretenda obligar a un/a periodista a revelar sus fuentes de información u otro material obtenido profesionalmente, la solicitud debe ser pública y estar sujeta a supervisión judicial.

Por otro lado, los/as periodistas deben redoblar esfuerzos para proteger sus propios datos. Esto debe incluir el uso de varios teléfonos, como móviles prepago, que son menos susceptibles de ser pirateados por Pegasus, así como la adopción de técnicas para evitar que sus teléfonos tengan la capacidad de espiar todos sus movimientos y ofrecer un asiento en primera fila en sus reuniones más sensibles.

Los gobiernos deben consagrar en su legislación nacional la inviolabilidad de las comunicaciones de los/as periodistas, tanto en abstracto como a través de leyes y reglamentos específicos, como los relativos al espionaje. Hay que resistirse a cualquier debilitamiento de estas protecciones.

La comunidad internacional debe construir un régimen regulador que permita la inspección y regulación de todas y cada una de las organizaciones que suministran servicios que tienen la capacidad de socavar estas libertades críticas para la democracia.