Puede haber esperanzas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque eso nunca está garantizado, debido a los retrasos. Una resolución del Consejo de Europa aún podría pedir la retirada de los cargos, pero esto requerirá valentía por parte de los Estados miembros. 

Asimismo, es probable que la próxima audiencia en Westminster reciba poca cobertura mediática, y que momentos después nos enteremos de que Assange ha sido embarcado en un avión con rumbo a Estados Unidos, donde, con toda probabilidad, será condenado a cadena perpetua.

Así que, ahora que este grotesco juego del gato y el ratón ha llegado aparentemente a un momento decisivo, me siento obligada a hacer un llamamiento a la claridad. Si crees que tienes derecho a estar informado sobre las acciones que se están llevando a cabo en tu nombre, ¡alza la voz! 

El impacto del encarcelamiento de Assange en Estados Unidos asfixiaría a la prensa en todas las latitudes y en todos los puntos cardinales. Su persecución ya ha puesto en alerta a los periodistas a la hora de confiar en documentos clasificados. Si se cerrara la puerta de su celda durante 175 años, ¿qué periodista se atrevería a llevarle la contraria al gobierno estadounidense, sean cuales sean las pruebas de irregularidades que pueda encontrar?

Se trata de un caso plagado de complicaciones engañosas, versiones contradictorias y prejuicios disfrazados de sentido común. Las opiniones están sesgadas por las actitudes hacia la guerra de Irak, la preocupación por la controvertida conducta de Assange en Suecia y la incomprensión de la neurodiversidad.

En este contexto de conjeturas, es fundamental ceñirse a los hechos.

En primer plano, destacan las diversas incitaciones por las que Estados Unidos pretende procesar a Assange. Todas ellas están relacionadas con la publicación de los "diarios de guerra" de Irak y Afganistán, grandes volúmenes de información que contienen detalles operativos de mala calidad sobre estos conflictos. Los cargos se derivan principalmente de la vagamente redactada Ley de Espionaje (irónicamente, la misma ley bajo la cual Donald Trump está siendo procesado actualmente).

El caso contra Assange se reduce a lo siguiente. Buscó a una fuente confidencial que tenía pruebas significativas de lo que él consideraba actos criminales cometidos por el ejército estadounidense, incluido el asesinato de civiles y periodistas desde un helicóptero de combate en Irak. Se alega que Assange ayudó a esta persona a extraer discretamente estos documentos y transmitirlos, a través de Wikileaks, a editores y directores de medios de comunicación que revelarían al mundo graves actos delictivos.

Para mí, es evidente que los periodistas de investigación llevan a cabo acciones como estas de forma habitual. Gran parte del periodismo de referencia se ha basado en este proceso: el caso de la talidomida, los Papeles de Panamá y muchos más. La sociedad confía en los periodistas que están detrás de estas historias para desenmascarar la corrupción y las irregularidades. Y, precisamente, el impacto del procesamiento de Assange tendría graves repercusiones sobre ellos y sobre su trabajo.

Si un periodista australiano, que ha publicado en Europa, fuera procesado por un tribunal estadounidense en virtud de una ley nacional estadounidense, ¿quién en este mundo se atrevería a contrariar a la administración de los Estados Unidos?

Sin embargo, al observar este proceso desde el otro lado del Canal de la Mancha, me sorprende el constante cambio de opinión hacia Assange. 

El australiano disfrutó de un breve periodo de notoriedad, cuando los principales medios de comunicación del mundo hicieron cola para utilizar su información. Pero, tras la publicación en 2010 de los diarios de guerra inéditos -por una tercera persona fuera de su control, por cierto-, sufrió un fuerte revés. Sus antiguos socios mediáticos le abandonaron, Suecia intentó procesarle y, en 2012, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres.

Su suerte cayó en picado cuando sus anfitriones ecuatorianos le abandonaron en 2019 y fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Reino Unido, donde permanece hasta hoy.

Además, han salido a la luz una serie de pruebas inquietantes sobre la campaña contra Assange. Las reuniones con sus abogados en la embajada ecuatoriana fueron espiadas por una empresa de seguridad privada española que facilitó datos a la CIA, se robaron muestras de ADN de pañales de bebés y se elaboraron planes para una 'maniobra' de los servicios secretos en las calles de Kensington, donde se encuentra la misión diplomática. 

Sin embargo, desde la publicación de las acusaciones formuladas por Estados Unidos, el apoyo ha vuelto gradualmente. Sus antiguos compañeros de prensa han reconsiderado su postura y, la mayoría de ellos, han publicado editoriales pidiendo su liberación. 

De hecho, cuando hablé con la gente en las calles de Londres el 8 de octubre de 2022, durante la gran movilización por su liberación, me costó encontrar a alguien que tuviera una opinión desfavorable sobre Assange.

Por su parte, las autoridades australianas, tanto del gobierno como de la oposición, reforzadas por una opinión pública muy favorable a Assange, piden la liberación del periodista.  

Y, a pesar de ello, el gobierno británico sigue de brazos cruzados, como un títere voluntario del aparentemente inflexible Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Este caso me recuerda cada vez más a una famosa injusticia francesa, la de Alfred Dreyfus. Fue un oficial del ejército francés condenado injustamente por un complot antisemita y encarcelado entre 1894 y 1906. Hoy en día, nadie duda de que Dreyfus fue terriblemente agraviado por una clase dirigente reaccionaria. A finales del siglo XIX, sin embargo, no había un tema más divisivo en Europa. Docenas de instituciones francesas se escindieron en nuevas organizaciones, divididas entre partidarios y detractores de Dreyfus.

Como muchas otras víctimas de la injusticia, estoy segura de que llegará un momento en que la persecución de Assange parecerá tan absurda como el caso contra Dreyfus, o Mandela, o los Seis de Birmingham. 

Pero eso no tiene por qué ocurrir y, sinceramente, espero que no ocurra. Con todo, sin un clamor de la opinión pública que haga entrar en razón al Gobierno británico, es posible que pasemos las próximas décadas preguntándonos por qué no alzamos la voz. Si no juntamos nuestras voces para resistir, y si no actuamos allí donde podamos, se está fraguando una monstruosa injusticia contra un individuo, así como un duro golpe a la libertad de prensa.

En nombre de los más de 600.000 periodistas de todo el mundo a los que tengo el honor de representar, les pido que no permitan que esto ocurra. 

Dominique Pradalié es la presidenta de la Federación Internacional de Periodista, que representa más de 600.000 periodistas en todo el mundo.