El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su satisfacción por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de exigirle a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) que entregue al periodista Luís Eduardo Lora (Huchi) los planos y estudios geotécnicos del Metro.
Olivo De León, secretario general del gremio, consideró que la sentencia de este tribunal es una gran conquista para todos los ciudadanos dominicanos y para los periodistas en particular, ya que reafirma la voluntad de la Justicia para que se cumpla la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
Además, entiende que debe dejar como lección a todo funcionario y empleado público, que su jefe supremo es el ciudadano común y corriente que paga los impuestos con cuyos recursos recibe su salario y ante el cual debe rendir informe de su actividad cotidiana.
Asimismo, precisó que otra lección que debe dejar esta decisión judicial es que los funcionarios y empleados públicos deben manejar sus funciones con transparencias, pues cualquier ciudadano puede exigirle la entrega de documentos de su oficina, de compras, de ventas, de manejo y ejecución de presupuesto, de nómina, de pagos, de empleados, entre otras.
Afirmó que por fin se hace justicia, ya que el tribunal superior quitó la traba que mantenía varado el cumplimiento de la sentencia el 27 de abril de este año por el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.
Saludó la decisión del Tribunal Superior de Justicia, de rechazar la suspensión de ejecución de la sentencia, aunque deploró el hecho del tiempo que mantuvo paralizado el incumplimiento de la decisión emitida hace casi ocho meses y sobre todo de que se trataba de un recursos de amparo que debía fallarse en no más de cinco días.
Sostuvo que sólo con esta decisión judicial, ya se ha obtenido un gran logro a favor de la sociedad que tiene derecho a permanecer informada, de los ciudadanos y periodistas que tienen derechos a libre acceso a la información, y de los mismos funcionarios para que se conciencien de su deber de suministrar todas las informaciones requeridas.
Expresó su esperanza de que junto a las informaciones requeridas por Huchi Lora, los asesores legales del ingeniero Diandino Peña también entreguen la sumatoria de los cinco mil pesos por día dejado de ejecutar la sentencia del 27 de abril de este año.
Consideró que esta penalización económica es una forma de lastimar el bolsillo de quienes se negasen a cumplir con las decisiones de los tribunales, pues de no ser así, a cualquier funcionario podría ocurrírsele negarse a cumplir con la ley, a sabiendas que al final nada le pasaría, más que entregar los documentos o las informaciones que había negado.
Asimismo, recordó que cualquier funcionario que se niegue a cumplir con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública estaría, como parte del gobierno, negándose asimismo, ya que fue el gobierno que aprobó la ley y es el que hace una gran inversión económica, de tiempo, de personal y de otros recursos para su aplicación.
Recordó que el gobierno ha creado unas 175 Oficinas de Acceso a la información en igual cantidad de instituciones públicas, que ha ofrecido unos 82 cursos y talleres de capacitación al personal de las dependencias públicas que se encargan de ejecutar esta ley y que ha hecho una gran inversión que debe ser apoyada por los representantes del gobierno.