• Iniciativa presentada en el Congreso busca distribuir publicidad equitativamente, sin perder los objetivos de difusión del Estado, en los ámbitos federal, estatal y municipal.

• Pretende garantizar la pluralidad informativa y el trato equitativo a los medios de comunicación, eliminando preferencias o discriminación, así como fomentar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, establecidos en el Artículo 6º Constitucional, a fin de fortalecer la democracia mexicana.

• Es una respuesta a las exigencias de las organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión, expuestas en la audiencia realizada ante la CIDH el 18 de julio del presente año.

• Retoma los principios de la CIDH sobre libertad de expresión y asignación discriminatoria de publicidad oficial como método de censura indirecta.


México D.F. a 31 de octubre de 2007. Ante la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el respeto a la libertad de expresión y el fomento a la información de los ciudadanos mediante los recursos jurídicos a su alcance, organizaciones civiles presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 18 de julio pasado, el Informe General Situación de la Libertad de Expresión en México, donde se abordan de manera integral los obstáculos para cumplir con tales derechos en nuestro país, y dentro de ellos se hace referencia a la necesidad de establecer una ley sobre equidad publicitaria a fin de establecer criterios transparentes y objetivos.

Por ello, los organismos defensores de la libertad de expresión que suscriben el presente comunicado reconocen como un importante avance la iniciativa que la diputada federal Valentina Batres y el senador Carlos Sotelo, dieron a conocer el 16 de octubre. Tal proyecto de decreto busca crear la Ley que regula la publicidad del Estado con el objetivo de transparentar los recursos públicos a nivel federal, estatal y municipal que se asignan a diversas dependencias, empresas paraestatales y organismos descentralizados, así como los criterios para dicha asignación, a fin de que con estos recursos se cumpla una función de interés público y de utilidad social.

La iniciativa refiere diversos casos de exclusión en la publicidad gubernamental, entre ellos: Radio Monitor, Excelsior, Proceso, Canal 40, Crónica de Mexicali, Cuarto Poder, El Sur, El Norte, Noticias, La Jornada, El Financiero, AM y Al Día. También menciona que en los primeros seis meses de la administración del presidente Felipe Calderón, la publicidad ha sido distribuida en 72% a los medios electrónicos, y el 28% restante se distribuyó en medios impresos.

Asimismo, se destaca el dictamen del ministro Genaro Góngora Pimentel en relación con la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de la LIX legislatura en torno a la Ley de Medios, el cual subraya la obligación de los legisladores a regular la igualdad de oportunidades de acceso a los medios de comunicación que requieren el uso de un bien público, así como a propiciar el pluralismo que asegure a la sociedad el proceso de comunicación que vivifique la comunicación y la cultura.

La propia CIDH, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que el Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos públicos para premiar, castigar o privilegiar a comunicadores sociales y medios de comunicación en función de sus líneas informativas. La Comisión también ha determinado que se debe prohibir cualquier presión indirecta dirigida a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales.

A esos criterios se agregan los de diversos organismos internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.

El proyecto citado parte del hecho de que la contratación de publicidad por parte del Estado debe distribuir los recursos equitativamente, sin perder los objetivos de difusión del Estado, y se asume que éste, además de cumplir con sus objetivos propagandísticos, puede interferir positivamente en la libertad de expresión a través de la publicidad oficial.

Para cumplir con ese objetivo, se plantea indicar los criterios para la distribución de publicidad, estableciendo los siguientes porcentajes: 45% para medios electrónicos (radio, televisión e Internet), 45% para medios escritos (diarios y revistas) y el 10% restante para espectaculares, folletos, volantes y carteles. Asimismo, establece la necesidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan con las normas de asignación, distribución, contratación y pago de la publicidad oficial.

De igual modo, determina que la Secretaría de Gobernación deberá mantener el Padrón de Medios de Comunicación en un portal público, y el Congreso de la Unión convocará a un Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial, conformado por periodistas, académicos, editores y representantes de universidades y organismos civiles, para que emita informes y proponga mecanismos complementarios para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la publicidad oficial.

La iniciativa será presentada al pleno por el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, como parte de la Ley de Medios que se discute en esa Cámara y como complemento a la reforma electoral.

Por ello, las organizaciones firmantes exhortamos a:

• Que el Congreso de la Unión dé impulso a la creación de una Ley que regule la publicidad del Estado a fin de armonizar la normatividad interna con los estándares internacionales en materia del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

• Que las diversas fuerzas políticas coadyuven para que nuestro país imponga un precedente en la región a fin de crear una ley que transparente los recursos públicos destinados a la difusión y propaganda gubernamental, así como los criterios mediante los cuales se asignan dichos recursos.

• Que se promueva el intercambio y la discusión para enriquecer esta iniciativa, a fin de establecer una normatividad que permita la pluralidad y acceso equitativo a los medios de comunicación en nuestro país.

• Que el Estado mexicano se comprometa a cumplir los más altos criterios establecidos en materia de libertad de expresión y derecho a la información.


Organizaciones Firmantes:


Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)

Artículo XIX- México

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Fundación Manuel Buendía (FMB)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Libertad de Información-México A.C. (LIMAC)

Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP)

Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

Colectivo por la Transparencia