23/11/2012
Hoy 23 de noviembre, Día Mundial Contra la Impunidad, la Federación Internacional de Periodistas, FIP, y su organización regional, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, condenan la violencia hacia los periodistas en México que pone en evidencia la incapacidad del Estado para afrontar la alarmante situación y de la justicia para llevar a cabo investigaciones creíbles que den con el paradero de los criminales.
“La preocupación es una constante al documentar y denunciar la agravante situación del periodismo en México”, dijo Celso Schroder, Presidente de la FEPALC. “Queda clara la falta de capacidad de las autoridades para responder eficazmente ante los hechos y la desesperanza que adquiere mayor fuerza entre periodistas y medios.”
México es el tercer país más peligroso para el ejercicio del periodismo a nivel mundial, después de Siria y Somalia. En América Latina le sigue Honduras y Brasil que registran números crecientes de crímenes y ataques contra periodistas.
En lo corrido del año, doce (12) periodistas han muerto violentamente en territorio mexicano golpeado por el narcotráfico y la corrupción. El año pasado once (11) comunicadores perdieron la vida debido a su trabajo informativo. Es importante señalar que la mitad de los casos ocurrieron en el Estado de Veracruz, identificado como uno de los lugares de mayor peligro para los periodistas en el mundo. (Ver Mataralmensajero.pdf)
Las amenazas, riesgos de secuestro y ataques con explosivos, incendios y balaceras de las sedes de medios de comunicación, son parte de la cotidianidad de los periodistas y sus familias que convierten a la autocensura, el cambio de profesión, el abandono del cubrimiento de la guerra entre carteles de la droga y el exilio en opciones viables de protección.
Las estadísticas en casos de periodistas asesinados que manejan fuentes oficiales y no gubernamentales difieren. En algunos casos la justificación es que no se ha podido establecer el motivo detrás del crimen ó se indica delincuencia común como el responsable, dejando dudas entorno a la realización de investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades que conllevaron a esta afirmación.
A pesar de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el pasado 25 de junio, bajo la administración del Presidente Felipe Calderón, existen cuestionamientos sobre el control gubernamental ejercido sobre el comité de evaluación y su reglamentación, así como la debida disposición de recursos para los programas. Igualmente, se han presentado denuncias sobre la ineficacia en la implementación de los estudios de evaluación, los mecanismos y medidas de prevención y protección y las de carácter urgente o extraordinario. Por otra parte, la creación de organismos especiales de investigación y la federalización de delitos cometidos contra los periodistas no han generado un impacto concreto de reducción del nivel de impunidad que supera el 90% en casos de periodistas asesinados y tampoco se ha traducido en la disminución de agresiones.
El panorama es más sombrío ante la precariedad laboral que padecen los trabajadores de prensa. Así lo demuestran los casos de reporteros con trabajo no registrado en empresas mediáticas, sin acceso a capacitación básica en seguridad y protección en el desarrollo del cubrimiento informativo, seguros ante riesgos profesionales, seguros de vida o tratamientos para el trauma padecido por la violencia. Es situación común que el periodista víctima de un ataque no cuente con el respaldo del medio para el que trabaja o la empresa indica no tener responsabilidad contractual o moral con el trabajador y su familia alegando que éste es freelance o colaborador.
La comunidad internacional continúa esperando resultados que reflejen el cumplimiento real del Estado de México hacia su deber de investigar y sancionar y recupere la confianza en su gestión para combatir la impunidad. La FIP y la FEPALC presentaron su llamado a la justicia a través de comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República, a través de Jim Boumelha y Gustavo Granero, Presidente y Vicepresidente de la federación global, y la Presidencia de la FEPALC. De igual manera, sindicatos afiliados enviaron una carta conjunta a las autoridades del Estado de Veracruz, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, y el Procurador General Felipe Amadeo Flores Espinosa. En la comunicación las organizaciones exigen el esclarecimiento de los casos de reporteros asesinados en la zona que dé con la captura de los responsables, y manifiestan su respaldo para las familias y colegas de las víctimas y hacia el periodismo y la ciudadanía veracruceña.
“La impunidad es la marca registrada de los sucesivos gobiernos de México”, declaró Vicente Páez, Secretario de Derechos Humanos de la FEPALC. “Desde la FEPALC, desde la clase trabajadora, brindamos nuestra voz de solidaridad y apoyo a los reclamos y movilizaciones por la dignidad y la vida en el país", agregó.
Si desean más información, pueden llamar al teléfono de la FIP + 32 2 235 22 07
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