La Federación Internacional de Periodistas (FIP) saluda la modificación legislativa que elimina en Uruguay el riesgo y castigo en el que podían incurrir los periodistas al informar de determinados personajes, símbolos o asuntos de interés público.
“Tenemos que saludar esta modificación legal”, ha declarado Paco Audije, Secretario General Adjunto de la FIP, “porque contribuye a la libertad de expresión y elimina aspectos negativos -que estaban contenidos en el Código Penal y en la Ley de Prensa de Uruguay - y que pesaban sobre la libertad de prensa”.
También la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, ha expresado su satisfacción.
En 2006, el presidente del país, Tabaré Vázquez, había prometido a una delegación encabezada por el Secretario General de la FIP, Aidan White, que haría lo necesario para eliminar los delitos que tenían que ver con la libertad de los medios de comunicación.
“La ley” -según un comunicado conjunto de la APU y otras organizaciones cívicas relacionadas con la información y el marco jurídico- “despenaliza la divulgación de información y opinión sobre funcionarios públicos y asuntos de interés público y deroga el desacato por ofensas, vilipendio de símbolos patrios y atentado contra el honor de un Jefe de Estado Extranjero. Se introduce el derecho de real malicia y se modera el derecho de respuesta”.
Según recuerda la APU, la condena a un periodista, Carlos Dogliani, por un supuesto delito de difamación, actuó como desencadenante del proceso de mejoras legislativas y para eliminar el delito de difamación.
La FIP respalda a su organización afiliada en Uruguay, la APU, al declarar que si bien sigue habiendo aspectos pendientes, como la Ley de Radiodifusión, la regulación de los nuevos medios digitales o la negociación final del propio caso Doglioni, no cabe sino elogiar el avance que el nuevo marco legislativo uruguayo ofrece a las libertades de expresión y prensa.
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