La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSU), presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra la República Oriental del Uruguay, por violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condena al periodista Carlos Dogliani a cinco meses de prisión.

El presidente de la APU, Manuel Méndez y el asesor legal de esa organización, Édison Lanza, junto con Jorge Pan y Diego Caamaño, del IELSU, señalaron en conferencia de prensa que el fallo de la Suprema Corte, además de promover la autocensura entre los periodistas, es un golpe a la libertad de expresión de ese país, y un retroceso en el tiempo a la hora de definir la consolidación de las entidades democráticas.

Dogliani, periodista del semanario local “El Regional”, había denunciado cómo en Paysandú, ciudad occidental del Uruguay, el entonces intendente Álvaro Lamas condonó la deuda tributaria de un estanciero.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dijo a su vez que el veredicto de la Corte parece haber ignorado un creciente número de opiniones legales en la región según las cuales las leyes que penalizan la difamación violan el derecho internacional y son innecesarias para una democracia.
El Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simón dijo que “hay jurisprudencia en la región estableciendo que los funcionarios públicos deben estar sujetos a escrutinio en una democracia”, por lo que instó a los legisladores a revocar las leyes penales de difamación y a promover una legislación que permita adecuar las leyes de Uruguay conforme con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión".
La APU recordó a la Suprema Corte que este fallo también parece haber dado la espalda a una sentencia de 1997 en la que dictó que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa están por encima del derecho al honor.