La Federación Internacional de Periodistas solicita a sus organizaciones afiliadas en España, investigar las condiciones en que Tayseer Allouni, reportero de la cadena televisión Al-Jazeera, se encuentra retenido en situación de aislamiento desde su captura realizada hace dos meses, poco tiempo después de un primer arresto por cargos de terrorismo.

Su esposa ha presentado quejas por el deterioro de la salud del periodista como resultado de las condiciones de detención que, presuntamente, le significan 20 horas diarias de encierro y sólo 4 fuera de la celda; según ella, tiene prohibida cualquier tipo de comunicación.

Allouni, sirio de nacimiento pero portador de un pasaporte español y reconocido corresponsal de Al-Jazeera por su labor en Afganistán durante la guerra liderada por Estados Unidos, fue arrestado inicialmente en el año 2003 por sospecha de vínculos con el grupo al-Qaeda. Su captura fue parte de una investigación sobre las operaciones militares islámicas en España.

Dos meses después fue liberado bajo fianza, alegando las dificultades cardiacas que padece el periodista. Esto es que, a pesar de la seriedad de las acusaciones, debía ser liberado pero un juicio quedaba pendiente.

La acusación contra Allouni afirmaba que él habría utilizado su rol de periodista para transportar dinero en efectivo y mensajes entre miembros de Al-Qaeda. Pero Allouni sostuvo que la evidencia estaba soportada en una pésima traducción de conversaciones telefónicas mal interpretadas. Finalmente fue capturado de nuevo, en noviembre del 2004.

“Este caso ha producido gran preocupación en el gremio de los periodistas, máxime porque meses después de su liberación bajo fianza -sin ningún problema aparente-, es detenido nuevamente,” dijo Aidan White, Secretario general de la FIP. “Ahora tenemos informes sobre la salud de Allouni que registran un empeoramiento. Es importante que él sea tratado de una manera humana y compasiva.”

Sus abogados solicitaron a las autoridades españolas realizar una revisión médica completa llevada a cabo por especialistas, pero no han recibido respuesta alguna.

Por su parte la FIP ha solicitado a sus tres organizaciones afiliadas en España, presentar el caso ante la policía española y las autoridades penitenciarias, con todos los interrogantes sobre el estado de salud del periodista.

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