URUGUAY - Más represión de Fasano

El martes 2 de febrero Federico Fasano escribió otra página inédita en materia de represión sindical en el Uruguay democrático: solicitó una dotación del Cuerpo de Coraceros equipados para represión callejera (escudos, cascos, perros) y la distribuyó en la planta de La República así como en la puerta de acceso a la empresa.

Este operativo tuvo como fin respaldar el envío de 29 trabajadores y trabajadoras al seguro de desempleo - nueve dirigentes sindicales - y una vez más intentar descabezar al sindicato de base y a los integrantes fundamentales del gremio.

Esta nueva maniobra de Fasano es coherente con el puntual incumplimiento de lo acordado ante el MTSS en oportunidad del levantamiento del conflicto de noviembre de 2003, como lo demuestran las actas de esa Secretaría de Estado.

Bajo las órdenes de Fasano y del gerente de personal, Néstor Molina, los efectivos policiales impidieron a quienes trabajan en esa empresa el ejercicio de los legítimos derechos sindicales, llegando a privar de libertad de circulación a quienes permanecieron en el interior del diario. Los hechos no generaron consecuencias mayores, en virtud de la madurez con que actuaron los trabajadores así como los integrantes del PIT-CNT y la Asociación de la Prensa Uruguaya que sufrieron las agresiones.

Existe abundante documentación gráfica sobre estos episodios y a través de flashes televisivos de la noche del martes, pudo apreciarse el grado de dureza en que se trabaja en las empresas de Fasano. En la tarde del martes 3, impidió el ingreso al diario a los dos únicos dirigentes sindicales que no habían sido enviados al seguro de desempleo: Daniel Lema y Nelson Díaz.

Sin perjuicio de ello y en aplicación de la máxima de Goebbels, una mentira repetida mil veces se transforma en verdad", Fasano en una nueva prueba del desprecio por la opinión pública escribió en las páginas de su diario del miércoles 3, que en ningún diario existe la libertad sindical que existe en LA REPUBLICA. A su comprobada condición de represor que transformó un medio de comunicación en una cárcel, exhibe la de mentiroso compulsivo, pero también esa afirmación es una demostración de su íntima vocación de patrono reaccionario que apunta a la división de los trabajadores de la prensa.

La APU reitera su rechazo a estas violaciones a los derechos sindicales y profesionales, su apoyo a la lucha y los reclamos de los trabajadores de La República, así como su preocupación por el riesgo que corren decenas de puestos de trabajo, ante las maniobras inescrupulosas de Fasano.


PERÚ - Juan de Mata Jara recobra su libertad tras 11 años de injusta prisión

Después de 11 años de lucha que no conoció de fatiga, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú consiguió la libertad del periodista Juan de Mata Jara Berrospi, recluido en un centro penitenciario de la capital, acusado injustamente de apología al terrorismo.
El colega, tras ser declarado inocente en el proceso que se le seguía, consiguió su libertad al demostrar de manera fehaciente no tener ninguna vinculación con los hechos que se le imputaban.
Tras conocer el dictamen de la Sala Nacional de Terrorismo, los familiares de Juan de Mata Jara Berrospi agradecieron la gestión de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista, organismos nacionales e internacionales, y expresaron su reconocimiento al doctor Luis Manunta, abogado del periodista durante el proceso.
Juan De Mata Jarra Berrospi, quien laboraba como productor en la empresa periodística Radiodifusora Comas S.A, reportero de la Revista Huánuco Voz Departamental, y redactor de la revista Armacedón de la Congregación Cristiana Alfa y Omega, se encontraba recluido en el Establecimiento Penal Miguel Castro Castro, sentenciado a 20 años de pena privativa de la libertad, por el delito de Terrorismo en la modalidad de Colaboración.
Jara Berrospi fue detenido la madrugada del 10 de julio de 1993, en una calle del distrito de Comas, en momentos en que se dirigía a diversos medios de comunicación con la finalidad de dar importante información a colegas periodistas sobre los "desaparecidos de La Cantuta". Al periodista le había llegado en forma anónima un croquis de una zona de Cieneguilla, la cual mostrada el lugar exacto donde fueron enterrados los restos de un profesor y 9 alumnos de la Universidad La Cantuta.


PERÚ - ANP Exige respeto a periodistas

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización gremial que representa a más de 9,000 periodistas en todo el país rechazó de manera enérgica la actitud prepotente de algunos líderes políticos, quienes endosan a la prensa una suerte de ánimo desestabilizador del sistema democrático.

El caso más reciente es el protagonizado ayer por el señor embajador del Perú en España, Fernando Olivera, quien a su salida de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sin ningún reparo hizo callar a un periodista.

Parado en las escalinatas de los pasos perdidos y rodeado por los hombres y mujeres de prensa, Olivera gritó ¡Cállese la boca! a uno de ellos, cuando éste le formulaba una pregunta referente a la baja aprobación del Presidente Alejandro Toledo.

Habría que recordarles a los políticos del país la dinámica del ejercicio periodístico sustentada en el derecho a la información de toda persona proclamado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Política del Estado y el deber de informar al que estamos obligados los periodistas.

La ANP ve con preocupación que actitudes reprobables como la protagonizada por un político que ejerce la representación diplomática en España se conviertan en una suerte de mecanismo para desacreditar la labor del periodismo y hostilizar a quienes ejercen la investigación periodística como camino para encontrar la verdad y destapar actos de corrupción.

Actitudes y términos injuriosos contra la prensa en los últimos meses del renunciante ministro de Trabajo Jesús Alvarado, el ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia y abogado del presidente de la República, César Almeyda, el congresista del Frente Independiente Moralizador, Gustavo Pacheco y hasta las del hace poco primer vicepresidente de la República Raúl Diez Canseco, deben encender la luz de alarma en el gremio.

La ANP quiere reconocer de manera pública el rol que le ha tocado asumir a los periodistas y cree firmemente que su quehacer es y debe ser juzgado por la sociedad. Esta última tendrá la difícil tarea, a la luz de los actos públicos, de aplaudir o reprobar su función.

Lima, 3 de febrero del 2004
COMITE EJECUTIVO NACIONAL


PERÚ - Periodista detenido arbitrariamente por orden de un juez

El 30 de enero de 2004, miembros de la División de Requisitorias de Apoyo a la Justicia de la Policía en Tarapoto, capital de la Región San Martín, detuvieron al periodista Guillermo Navas Chujuntalli, director de la revista "Panorama Regional", por disposición del juez penal de Juanjuí,
Francisco Urtecho Solís.

La detención se produjo a las 2:00 de la tarde (hora local) en su domicilio, ubicado en Pasaje Circunvalación No 126 en dicha ciudad. Navas fue conducido luego a la Jefatura de Investigación Criminal (JEINCRI) del distrito de La Banda de Shilcayo, donde fue depositado en los calabozos hasta el 31 de enero. Después fue trasladado a la ciudad de Juanjuí, en la misma región, y puesto a disposición del Juzgado Penal.

La medida se ordenó mediante oficio No 0222-2004-JEPMC-2002-0050-ctr, que disponía la inmediata ubicación, captura e internamiento del periodista en el establecimiento penal local, supuestamente por no haber comparecido a la lectura de sentencia en el proceso que le sigue el ex decano del Colegio de Notarios de San Martín, Justo Pérez Ruiz, por el presunto delito contra el honor, en sus figuras típicas de injuria y difamación. Por esa razón se le declaró reo contumaz y se ordenó su detención.

En marzo de 2002, Navas publicó en su revista unos informes que daban cuenta de una serie de irregularidades cometidas en el Colegio de Notarios Públicos de la Región San Martín. En dichas denuncias resultaron comprometidos los abogados Luis Enrique Cisneros Olano y Pérez Ruiz, actual decano y ex decano, respectivamente, del citado colegio profesional, quienes casi en paralelo presentaron sendas querellas contra el periodista por injuria y difamación. En una de esas querellas, la iniciada por Cisneros Olano, Navas fue sentenciado en 2003 por el mismo juez Urtecho Solís cuando éste desempeñaba funciones en Tarapoto, a un año de pena privativa, y al pago de una reparación civil de 2,000 nuevos soles (aproximadamente 575 USD).

El IPYS entrevistó durante su detención a Navas por espacio de cinco minutos, quien manifestó que el 15 de enero, mediante escrito presentado al Juzgado Especializado de Juanjuí comunicó cambio de domicilio real y habitual. Sin embargo, el 20 de enero, el juez ordenó su captura y encarcelamiento.

El periodista considera este hecho como un abuso del magistrado, argumentando que nunca recibió notificación alguna. "Esta detención es un acto totalmente arbitrario", dijo indignado.

Por su parte, el abogado defensor del periodista, Roberto Cerpa Rodríguez, dijo al IPYS que pedirá la inmediata excarcelación del periodista y consideró el hecho como un acto abusivo y arbitrario de poder porque se han violado normas procesales al declarar reo contumaz a Navas sin haberlo notificado regularmente ni a su domicilio legal en Juanjuí ni a su domicilio real en Tarapoto. Por estas razones, indicó, denunciará al juez por prevaricato y abuso de autoridad ante el Organismo Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA).

Posteriormente, el abogado Cerpa Rodríguez comunicó que Navas ya había sido puesto en libertad y notificado para el 3 de febrero a lectura de sentencia. La información fue confirmada por Adolfo Fasanando, corresponsal del IPYS en la zona, quien acompañó al periodista hasta Juanjuí y coordinó acciones a su favor.


HONDURAS - Periodista Renato Álvarez gana juicio, pero le aguarda otro

Tras ganar el primer juicio oral y público por los delitos de calumnia e injuria, constitutivos de difamación, el periodista hondureño Renato Álvarez, director del programa de debates "Frente a Frente", de la Corporación Televicentro, canales 3, 5 y 7, se prepara para enfrentar el 3 de febrero de 2004 un segundo juicio por la misma causa. El motivo es la difusión de un documento que revela los presuntos nexos del narcotráfico en Honduras.

En el segundo juicio, la demanda fue interpuesta por el político y ex diputado Eduardo Sarmiento, del gobernante Partido Nacional. En la primera, el demandante fue el abogado Rossel Barralaga, quien incluso decidió llevar personalmente la acusación.

Álvarez es el primer periodista que ha sido llevado a juicio por difundir información de interés público. Su primer juicio, efectuado el 22 y 23 de enero, despertó el interés de la prensa y la ciudadanía en general ante las repercusiones que un fallo adverso podría tener para los periodistas y la libertad de expresión y de información en ese país centroamericano.

No obstante, la defensa del periodista, a cargo del abogado Enrique Flores Lanza, logró probar ante los jueces que el comunicador no incurrió en los delitos de calumnia e injuria. Esto porque no existió dolo al dar a conocer un documento de interés público que fue avalado en su programa con la presencia del ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, el 23 de junio de 2003 cuando se difundió la información.

En su sentencia, el tribunal, a cargo del juez Mario Díaz, fue contundente al indicar que el periodista "dio lectura a un escrito para consultar al ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, sobre la veracidad o no del documento y nunca el comunicador adujo que él hubiera elaborado ese informe".

"Por lo anterior, en el caso que nos ocupa, el tribunal considera que no había de parte del comunicador intención de inferir calumnia e injuria, mucho menos difamación. No existió dolo ni intencionalidad de afectar al querellante y por tanto se decide absolver en forma unánime al comunicador Renato Álvarez", sentenció el juez Díaz, acompañado de las juezas Sandra Avelar y Emili Page. El juicio duró dos días en que las partes en pugna presentaron sus testigos y medios de prueba.

La sentencia del tribunal, según el abogado Lanza, sienta jurisprudencia en materia de libertad de expresión, ya que es el primer caso que por su naturaleza se presenta ante los tribunales. Lanza confía en que el segundo juicio, a efectuarse en una semana, "prevalezca esta sentencia favorable para el bien de la libertad de expresión y el derecho a la información".

Por su parte, el periodista Álvarez, dijo al Comité por la Libre Expresión C-Libre) que espera optimista el próximo juicio, "debido al fallo favorable obtenido en el primer juicio; espero que impere la justicia y por ahora siento que ningún periodista hondureño debe amilanarse [intimidarse] para difundir, en forma responsable, toda aquella información que sea de interés público, que fue lo que yo hice".

En el juicio contra Álvarez, compareció, también por primera vez, un propietario de medios de comunicación en calidad de testigo. El turno fue para Rafael Ferrari, considerado como el más importante e influyente dueño de un medio de comunicación en el país. Ferrari fue citado por la parte acusadora, y en su testimonio, fue firme en declarar que el periodista Álvarez goza de amplia libertad para escoger sus temas de debate sin previa censura.


MÉXICO - Periodista denuncia haber recibido amenazas de muerte

El 17 de enero de 2004, la periodista Irene Medrano Villanueva, del periódico "El Sol de Sinaloa", denunció haber recibido llamadas anónimas en las que la amenazaban de muerte.

Las llamadas se iniciaron el 6 de enero, luego de que la periodista publicara trabajos sobre una red de prostitución en la que supuestamente estarían involucrados funcionarios públicos del estado Sinaloa, ubicado al noroeste de México.

Medrano señaló en conferencia de prensa que, según investigaciones judiciales, las llamadas provenían de la alcaldía de Culiacán, capital de Sinaloa. El acoso empezó con un mensaje escrito sobre el cristal de su automóvil, con la palabra "muerte". Después, dijo, le rompieron un vidrio del auto y luego le cortaron los frenos.

Luego de la denuncia de la periodista, la Procuraduría General de Justicia del Estado intervino su teléfono y le informaron que las llamadas provenían del Ayuntamiento, por lo que responsabilizó al alcalde Jesús Enrique Hernández Chávez de lo que le pudiera pasar.

Sin embargo, el alcalde se presentó el 19 de enero a declarar ante el agente del Ministerio Público a cargo del caso. Presentó su declaración por escrito y posteriormente recriminó a autoridades judiciales por la divulgación en diversos medios de comunicación de parte de las investigaciones relacionadas
con la identificación del teléfono de su despacho.

Según reportan periodistas locales, hace algunos meses la misma periodista manifestó públicamente haber sido amenazada por un diputado local. Sin embargo, no presentó una denuncia formal ante las autoridades.


COLOMBIA - Periodista confrontada por coronel del ejército

El 27 de noviembre de 2003, la periodista Beatriz Elena Mantilla, corresponsal del diario "Vanguardia Liberal" en Barrancabermeja, recibió una llamada por parte del comandante del Batallón Nueva Granada, Coronel Ricardo Bernal, quien según la periodista le dijo: "A partir de hoy la declaro persona no grata en el batallón y no sólo eso, yo mismo me voy a encargar de que los organismos de seguridad del Estado sepan la clase de persona que es usted".

El incidente se presentó debido a un artículo escrito por la periodista y publicado en el diario, relacionado con el cubrimiento de la muerte accidental de un soldado. Según Mantilla, el líder del batallón se molestó porque se le dio mayor despliegue a esta noticia que a la visita del presidente Alvaro Uribe para la puesta de la primera piedra en el puente Barrancabermeja-Yondó.

El Coronel aseguró que no criticó la publicación de la noticia, pero agregó que no estaba de acuerdo con que se le diera mayor importancia a la muerte del soldado que a otros hechos. Negó haber dicho que iba a enemistar a la periodista con los organismos de seguridad.

En conversación con la FLIP, Carlos Alirio Ibarra, editor general del periódico, confirmó el relato de la periodista. Afirmó que el Coronel se "salió de la ropa" y que habló con la periodista de manera muy agresiva.

La FLIP les recuerda a las autoridades que, distinta a la función que ellos tienen, el papel de los periodistas es informar sobre los diferentes hechos, siendo obligación de todos los funcionarios públicos respetar esta labor.