La investigación periodística realizada por Salinas y Ugaz, publicada en el año 2015, cuenta con 30 testimonios de sucesos cometidos a lo largo de 40 años y pudo denunciar la cultura de abuso y encubrimiento que imperaban en la organización del Sodalicio.
Tras la investigación y como represalia, el sodálite con mayor visibilidad ante la sociedad peruana, José Antonio Eguren (Obispo de Piura y Tumbes), buscó desde distintos procesos legales que la justicia condene a lxs comunicadorxs con penas de 3 años de cárcel y multas de 54.000€. En el caso de Pedro Salinas, existe actualmente un fallo judicial dictado en su contra (un año de prisión suspendida y el pago de una reparación de 80.000 Soles, equivalentes a 21.500€-) que está siendo apelado y busca ser revertido en segunda instancia.
Por su parte, la periodista Paola Ugaz busca trasladar el juicio a su jurisdicción natural –Lima- para evitar el tráfico de influencias y presiones de la iglesia católica a la corte encargada de realizar el juicio, radicada en Piura.
Zuliana Lainez, Secretaria General de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha declarado que “sienta un fatal precedente en un país en el que la querella es el principal instrumento para silenciar a lxs periodistas que investigan. No podemos quedarnos inertes como periodistas ni como sociedad ante lo que constituye un grave atentado a la libertad de expresión y el derecho a saber”.