En la noche del sábado 6 de febrero, la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez fue detenida por la Policía Nacional de Honduras en la ciudad de La Esperanza, acusada de estar incumpliendo las medidas de toque de queda dispuestas en el país durante el año 2020. En la madrugada del domingo, fue declara muerta en un hospital al que fue trasladada por la propia policía.
Según el informe oficial de la policía, difundido por la portavoz de la Secretaría de Seguridad, Keyla Martínez había sido encontrada moribunda en su celda tras intentar suicidarse con una de sus prendas. Sin embargo, tal como ha difundido la señal internacional BBC, reportes del hospital filtrados a la prensa hondureña indicaron que la joven había llegado muerta al centro de salud. Tras revelarse los informes contradictorios, el Ministerio Público (Fiscalía hondureña) intervino en el caso y confirmó el “homicidio por asfixia mecánica” luego de realizar los estudios forenses correspondientes.
En todo el país, los medios de comunicación y trabajadorxs de prensa se hicieron eco del repudio de la sociedad hondureña, dando difusión al caso y cubriendo las diversas manifestaciones en reclamo de justicia que se dieron a lo largo del territorio nacional.
Henry Fiallos, corresponsal en la ciudad donde fue asesinada Keyla Marínez, ha sufrido distintas amenazas de muerte por trabajar en la difusión del caso, llegando a recibir casquillos de bala con el objetivo de amedrentarlo y llevarlo al silencio.
Desde la Federación Internacional de Periodistas, nos unimos a nuestra organización afiliada la Asociación de Prensa Hondureña en solicitar que los mecanismos de protección en vigencia para la protección de Henry Fiallos continúen en vigencia hasta que cese el peligro para su vida y la de su familia; mientras exigimos que las personas involucradas en la comisión de estas amenazas sean encontradas y juzgadas.
Cabe destacar que, al día de hoy, el femicidio de Keyla Martínez continúa siendo investigado gracias a la presión de la opinión pública y no se descarta la comisión de otros delitos hacia la joven estudiante por parte de las personas bajo investigación.
Que la prensa tenga libertad para informar toda la verdad sobre este caso es fundamental para poder avanzar en la justicia.