El proyecto, que se aprobó en Diputados, fue presentado por el diputado Diego Bossio, y contó con 127 votos a favor, 66 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa propone derogar ocho artículos de la Ley 26.736 de 2011, una norma gestada durante el gobierno de Cristina Fernández que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y diarios.
Según la Agencia Paco Urondo, si este proyecto se aprueba en el Senado, Papel Prensa, la principal empresa proveedora del insumo, ya no tendrá la obligación de informar su stock, capacidad de producción, ni el precio único pago contado de venta de papel para diarios a la salida de planta, es decir, desaparece la idea misma de un precio igual para toda compra de más de una tonelada de papel.
Los principales beneficiados con esta medida son los accionistas de Papel Prensa, el Grupo Clarín y La Nación, como también de un grupo de medios gráficos que tienen fuerte presencia en las capitales provinciales que le compran a la empresa y que tienen un precio convenido.
Esto fortalece los monopolios que concentran la comunicación a la vez que perjudica a medios gráficos autogestionados, cooperativos e independientes que requieren de este material para su funcionamiento.
En este sentido, la FIP se declara en alerta ante la posible sanción de esta iniciativa que significa un retroceso en materia de libertad de expresión ya que se trata de un obstáculo para el cumplimiento del derecho a la información en Argentina. Exhortamos a las autoridades a dar marcha atrás con el avance de este proyecto que ataca la pluralidad de voces y favorece a la concentración mediática.