Chile vive desde el jueves 18 de octubre una escalada de movilizaciones masivas que, a lo largo de todo el país, se han generado en reclamo por el aumento del costo del transporte público primero y por el constante aumento del costo de vida y la falta de medidas de redistribución de ingreso después; en un contexto donde los salarios y pensiones de la mayoría de las personas se mantienen cerca de la línea de la pobreza y la brecha entre ricos y pobres señala que el país sudamericano es uno de los más desiguales de la región, con un sistema de salud y educación casi totalmente privatizado.
Ante la imposibilidad de contener los reclamos populares (que fueron ganando en masividad y extensión), el presidente Piñera decidió ordenar un recrudecimiento de la represión, ordenando la presencia del ejército en las calles, la fijación del toque de queda y el establecimiento de un estado de excepción.
Desde el fin de semana del 19 y 20 de octubre, las protestas se intensificaron pese a las medidas establecidas por el gobierno. Como respuesta, el ejército y las fuerzas policiales incrementaron su presión y movimientos represivos sobre la población.
En estos momentos, la represión estatal deja un saldo de 17 personas muertas y más de 1500 detendixs, según medios internacionales.
En ese contexto y haciéndose eco de los reclamos del pueblo trabajador que en su conjunto ha salido a reclamar reformas estructurales en el sistema económico y político del país y un cese inmediato a la militarización del espacio público, la CUT ha llamado a no concurrir a los puestos de trabajo y a sumarse a las distintas manifestaciones y cacerolazos que están programadas y desarrollándose en todo Chile.
La Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO), organización afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) destacó en un comunicado dirigido a la opinión pública que “el argumento de un desarrollo y crecimiento económico del país es de una agresión permanente a la dignidad de los trabajadores, que se expresa en una salud de mala calidad, en una educación discriminatoria, un sistema de pensiones absolutamente fuera de la realidad económica del país, mientras que, por otro lado, el Fondo de Pensiones aumenta las ganancias para unos pocos, en perjuicio de la mayoría de los pensionados”.
La Federación Internacional de Periodistas, organización que representa a 600.000 trabajadorxs en el mundo, se une a su afiliado nacional FENATRAMCO en sostener que “la paz social del país no se consigue con la declaración de guerra expresada por el gobernante en su discurso del domingo pasado. Dicha paz social sólo será posible con un cambio económico y social que disminuya las desigualdades e incorpore la participación del mundo del trabajo”.
Exigimos un alto en las medidas represivas y el retiro inmediato del ejército de las calles del país, el levantamiento del toque de queda y el fin del estado de excepción; así como la inmediata liberación de las personas detenidas por participar pacíficamente de las protestas y la reparación de las personas que sufrieron vejaciones durante su detención. Resulta urgente que el gobierno proteja el derecho del pueblo chileno en su conjunto a manifestarse y a expresarse libremente.
Asimismo, solicitamos al gobierno que se generen espacios efectivos de diálogo para poder avanzar hacia medidas que contemplen el descontento social y puedan revertir las situaciones que atentan contra la dignidad de lxs trabajadorxs.